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“En la crcel de Pamplona hay mucho espacio vaco y pocos funcionarios”

Noticias Generales

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El magistrado Luis Gabriel Martínez Rocamora, titular del Juzgado de Vigilancia Penitencia de Pamplona que asumió su actual cargo en diciembre de 2020, ha destacado este miércoles en un encuentro judicial en la capital navarra que la pandemia ha sido “muy dura” para los presos de la cárcel de Pamplona y les ha supuesto “una segunda pena de prisión”.

“Ha sido una situación reclusión añadida pero, desgraciadamente, un mal necesario”, ha señalado el juez, que ha destacado que en el centro penitenciario de la capital navarra “no ha habido que lamentar ningún fallecido ni enfermedades graves durante la pandemia”.

Ha insistido en que la crisis sanitaria ha representado “un sacrificio enorme” para los presos ya que los permisos penitenciarios estuvieron, en un primer momento, suspendidos y, posteriormente, “cuando pudieron salir, cada vez que salían tenían que estar 10 días de confinamiento”.

A ello ha sumado que “durante muchos meses no han podido tener las visitas de sus familias y ha estado cerrado prácticamente el contacto con el público”. “Ha sido duro. Hemos procurado hacerlo lo mejor posible y creo que Instituciones Penitenciarias ha cumplido con su función”, ha concluido.

Preguntado sobre las quejas presentadas por esta situación, Martínez Rocamora ha indicado que en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria “sólo hemos recibido dos quejas relacionadas con el tema sobre las medidas de confinamiento” en los momentos “más duros” de la pandemia. “En el resto yo creo que la conducta de los internos ha sido ejemplar”, ha valorado.
 

“IMPORTANTE” INCIDENCIA DE ENFERMEDADES MENTALES”

Por otro lado, el juez ha señalado que entre la población reclusa “hay un porcentaje importante que tiene patologías mentales o patología dual -asociada a consumos-“. En este sentido, ha afirmado que “si pudiéramos eliminar la droga, eliminaríamos prácticamente el 50% de población de la cárcel”.

En cuanto a las patologías mentales ha destacado que hay unos programas de tratamiento que realiza Instituciones Penitenciarias. Ha puesto en valor, además, que el Gobierno de Navarra “se ha esforzado y está poniendo bastantes medios” al asumir las competencias de sanidad penitenciaria. En este sentido, ha explicado que “nos han dicho que van a poner un psiquiatra, un psicólogo y un equipo de enfermería para poder atender de manera individualizada a los presos con esa patología, que era una de las carencias que teníamos”.

“ESCASO” NIVEL DE REINCIDENCIA

Por otro lado, ha asegurado que el nivel de reincidencia entre los presos de la cárcel de Pamplona es “escaso”. “Esa reincidencia, sobre todo cuando se trata de condenados a delitos de agresión sexual o violencia de género, tiene más relevancia pública”, ha apuntado.

“Tenemos que procurar tener esos sistemas de alarma, evidentemente, y ahí tenemos que conjugar la prudencia”, ha remarcado Martínez Rocamora, que ha señalado que “cada vez que uno firma un permiso penitenciario asume una responsabilidad ante la sociedad de que esa persona cumpla el objetivo de ir acercándose progresivamente hacia la libertad. Pero pueden reincidir, y en ese caso el responsable primero es el que ha firmado el permiso”.

Por ello, ha pedido a la ciudadanía que sea “un poco comprensiva con el juez que a veces es prudente y exige que se vayan dando pasos”. “En el reconocimiento de su responsabilidad lo primero que tiene que hacer un preso es darse cuenta de que ha delinquido, cuáles son las causas”, ha explicado.

Preguntado por la falta de recursos en el centro penitenciario de Pamplona, el juez ha reconocido que hay “muy pocos” medios materiales para una cárcel con “mucho espacio, es una prisión de poco más de mil internos”. Al respecto, ha afirmado que “la plantilla es todavía muy parecida a la de la antigua cárcel de Pamplona” que están realizando, siendo “muy pocos”, una labor “muy buena”.

El titular del juzgado pamplonés incidió además en la necesidad de contar con una Ley Procesal que regule los procedimientos de los jueces de Vigilancia Penitenciaria.

Así lo indicó en declaraciones a los medios de comunicación tras el acto de inauguración del encuentro de jueces de Vigilancia Penitenciaria de toda España que se celebra en el Palacio del Condestable de Pamplona entre el 4 y el 6 de mayo. Un acto que ha contado, además de con su intervención, con la participación del presidente del TSJN, Joaquín Galve, y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

La encargada de impartir la conferencia inaugural, versada en ‘Cárcel y derechos fundamentales’, ha sido Monserrat López Melero, profesora de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Según ha explicado Martínez Rocamora, la cita de Pamplona ha congregado a casi el 70% de los jueves de Vigilancia Penitenciaria. Una cita que tiene como objetivo “seguir aprendiendo, seguir compartiendo conocimientos y profundizando en nuestra materia” y que, en esta edición, se centra en la “protección de los derechos fundamentales” de las personas presas, “que son las personas que nos toca controlar en cuanto a la ejecución de su pena y el cumplimiento debido de sus penas, pero siempre teniendo en cuenta que son personas que tienen sus derechos y que hay que canalizar el cumplimiento de la pena hacia el fin primordial que es la reeducación y reinserción de los presos”.

Luis Gabriel Martínez Rocamora ha incidido en la “anomalía” que supone para los jueces de Vigilancia Penitenciaria no contar con una Ley Procesal que regule las actuaciones de estos jueces en su día a día.

“Hay una ley de enjuiciamiento civil, hay una ley reguladora de la jurisdicción social, hay una ley reguladora de lo contencioso-administrativa, hay una ley de enjuiciamiento criminal, pero no hay una ley procesal de vigilancia penitenciaria”, ha criticado el juez, que ha añadido que “tenemos unos pocos preceptos entre la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Código Penal”, lo que lleva a que “el 90% de la actuación diaria funcionamos como buenamente podemos” para “asegurar el derecho de defensa de los penados en las instituciones penitenciarias”.

En este sentido, ha resaltado que uno de los objetivos del encuentro que se celebra en Pamplona es “urgir al legislador que se tome en serio a esas personas tan vulnerables como son los penados, que necesitan que la figura central que protege sus derechos fundamentales tenga un procedimiento suficiente ágil y que asegure un derecho de defensa”.

 

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